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Mayor asociación médica de EEUU busca proteger derecho al aborto

La mayor asociación del sector comenzó a aplicar una nueva política que busca proteger el derecho a la interrupción del embarazo contra los sistemas gubernamentales que criminalizan dichos servicios.

La propuesta legal apunta directamente a varios estados, como Texas, Oklahoma, Idaho, Mississippi y otros, que promulgaron recientemente estrictas prohibiciones, muchas de las cuales no incluyen excepciones por violación o incesto y permiten que quienes realizan abortos sean demandados.

La AMA describió la intromisión de los gobiernos en las decisiones del sector y el impedimento del acceso a las consultas de salud reproductiva como «una violación de los derechos humanos».

Asimismo, afirmó que se opone a la criminalización de la práctica y que impugnará las sanciones penales o civiles impuestas a los pacientes que reciben ese servicio o al personal que lo practica.

La nueva política también pide a la AMA que busque protecciones legales para las pacientes que cruzan las fronteras estatales para interrumpir su embarazo, así como garantías para los médicos que apoyan o practican ese proceso quirúrgico, comentó el recién electo presidente de la AMA, Jack Resneck Jr.

Muchos se oponen a la interrupción por las posibles complicaciones médicas que puede sufrir la paciente, sin embargo, estudios demuestran que el riesgo de muerte durante o después del parto es aproximadamente 14 veces mayor que el peligro de fallecer por complicaciones relacionadas con el aborto, defendió.

Un informe del Instituto Guttmacher, grupo de investigación que defiende los derechos de las mujeres, contabilizó más de 930 mil interrupciones en Estados Unidos en 2020, lo cual significa que uno de cada cinco embarazos terminó en aborto ese año.

El número creciente de mujeres que se somete a ese procedimiento refleja una necesidad y pone de manifiesto lo devastador que va a ser una decisión de la Corte Suprema que busca eliminar el derecho constitucional a ese servicio, afirmó Sara Rosenbaum, profesora de derecho y política sanitaria en la Universidad George Washington.

Prensa Latina